“CUANDO LA OPOSICIÓN OLVIDA QUE TAMBIÉN FUE GOBIERNO”

POR: MSc. JOSÉ ISRAEL VENTURA.

En la política salvadoreña ocurre un fenómeno que resulta difícil de ignorar para cualquier ciudadano que observe con atención el debate público. Cuando se escucha a muchos voceros de los partidos tradicionales, especialmente de ARENA y del FMLN, pareciera que nunca hubieran gobernado el país. Hablan con la autoridad moral de quienes nunca han ejercido el poder, como si su trayectoria política hubiera transcurrido siempre desde la oposición o desde una posición ética incuestionable. En sus discursos aparecen constantemente palabras como transparencia, rendición de cuentas, ética pública y moral política, pero dichas expresiones contrastan profundamente con el recuerdo que gran parte del pueblo salvadoreño tiene de los años en que estos mismos partidos dirigieron el Estado.

El problema no radica en que un partido político critique al gobierno de turno. En toda democracia sana, la crítica es necesaria y la oposición cumple un papel fundamental para vigilar al poder. Sin embargo, cuando esa crítica se formula desde una memoria selectiva que pretende borrar el pasado, la discusión pública pierde seriedad y se convierte en un ejercicio de cinismo político. El ciudadano común no puede evitar preguntarse: ¿Con qué autoridad moral se habla hoy de transparencia cuando durante décadas se administró el Estado en medio de múltiples escándalos de corrupción?

Durante los veinte años en que ARENA gobernó El Salvador (1989-2009), el país presenció una serie de denuncias, investigaciones y procesos judiciales que evidenciaron un manejo cuestionable de los recursos públicos. Diversos informes y acusaciones señalaron desfalcos millonarios que, según múltiples análisis, sumaron cantidades que superan los 37 mil millones de dólares en distintos mecanismos de corrupción, privatizaciones cuestionadas y mal manejo de fondos públicos. En ese período se consolidó una cultura política donde el poder estatal se convirtió, para muchos funcionarios, en una oportunidad de enriquecimiento personal y de fortalecimiento de redes de poder económico y político.

No obstante, la historia no terminó ahí. Cuando el FMLN llegó al gobierno en 2009, gran parte de la población esperaba una transformación ética en la conducción del Estado. El discurso histórico del partido estaba basado precisamente en la denuncia de la corrupción de los gobiernos anteriores.

Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a surgir nuevos escándalos que involucraron a figuras importantes del propio partido. Las investigaciones sobre Mauricio Funes, por ejemplo, revelaron el uso irregular de cientos de millones de dólares de fondos públicos. A ello se sumaron otras acusaciones relacionadas con funcionarios de alto nivel y proyectos estatales cuestionados.

Las cifras mencionadas por distintos analistas y procesos judiciales —351 millones asociados a Funes, 289 millones vinculados a Sánchez Cerén, 600 millones en el caso de Sigfrido Reyes, además de múltiples irregularidades en proyectos como Las Pavas, el Hospital Rosales o el ISSS— reflejan un problema estructural que trasciende a un solo partido. Lo que aparece ante los ojos del ciudadano no es simplemente una cadena de casos aislados, sino la evidencia de una cultura política profundamente marcada por el abuso del poder y la falta de controles efectivos.

En este contexto, el discurso actual de ciertos sectores de la oposición produce una reacción comprensible en buena parte de la población. Cuando los mismos actores políticos que gobernaron durante décadas hablan ahora como si fueran guardianes de la ética pública, el contraste con la memoria histórica genera desconfianza. La política pierde credibilidad cuando quienes ayer fueron protagonistas del poder hoy intentan presentarse como si hubieran sido simples espectadores de los problemas del país.

Sin embargo, una reflexión crítica más profunda exige reconocer que la corrupción no es solamente un problema de individuos o de partidos específicos. En realidad, es el resultado de estructuras institucionales débiles, cultura política permisiva y ausencia histórica de mecanismos eficaces de control ciudadano. Durante décadas, el sistema político salvadoreño permitió que el acceso al poder se confundiera con el acceso a privilegios, contratos, favores y recursos públicos.

Por ello, el verdadero desafío para el país no consiste únicamente en señalar los errores del pasado, sino en construir una cultura política distinta, donde el poder público sea entendido como un servicio y no como una oportunidad de enriquecimiento. Esto implica fortalecer instituciones, garantizar transparencia real, promover una ciudadanía crítica y establecer mecanismos de control que trasciendan los ciclos electorales.

El pueblo salvadoreño ha aprendido, muchas veces a través de experiencias dolorosas, que la corrupción no distingue ideologías. Puede presentarse bajo discursos de derecha o de izquierda, bajo banderas revolucionarias o bajo promesas de modernización. Cuando el poder se separa de la ética, cualquier proyecto político corre el riesgo de degenerar en abuso.

Por esa razón, la discusión actual no debería centrarse únicamente en quién acusa a quién, sino en cómo evitar que el país vuelva a repetir los mismos errores históricos. La memoria política es una herramienta fundamental para la democracia. Un pueblo que olvida su historia corre el riesgo de que los mismos actores regresen con discursos renovados, pero con las mismas prácticas.

En última instancia, la credibilidad de cualquier oposición política no se construye únicamente con discursos o denuncias, sino con coherencia histórica y autocrítica sincera. Si los partidos tradicionales desean recuperar la confianza del pueblo, deberán reconocer con honestidad los errores cometidos durante sus gobiernos. Solo así podrán participar en el debate nacional con la legitimidad que exige una democracia madura.

El Salvador se encuentra en un momento histórico en el que la ciudadanía exige algo más que promesas. La sociedad demanda honestidad, responsabilidad y memoria política. Porque cuando el pasado se oculta o se niega, la política se convierte en un escenario de discursos vacíos. Pero cuando la historia se reconoce y se aprende de ella, entonces se abre la posibilidad de construir un país más justo y transparente.

 

 

 

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2026