LA SOBERANÍA NO SE NEGOCIA: EL SALVADOR DECIDE SU DESTINO

POR: MSc. JOSÉ ISRAEL VENTURA

INTRODUCCIÓN

El artículo 83 de la Constitución de la República de El Salvador es, sin duda, una de las columnas vertebrales del orden jurídico y político de la nación. Al declarar que “El Salvador es un Estado soberano” y que “la soberanía reside en el pueblo”, establece un principio incuestionable: el único dueño del destino nacional es el pueblo salvadoreño. Esto significa que, en materia de gobierno, administración y organización social, ningún país extranjero, ninguna potencia mundial, ningún organismo internacional y ningún grupo de interés externo tiene la autoridad moral ni legal para dictar cómo debemos dirigir nuestros asuntos internos.

 La soberanía no es un adorno retórico de la Constitución; es el escudo que nos protege contra la injerencia y la manipulación de actores foráneos que, disfrazados de filántropos o defensores de la democracia, persiguen sus propios intereses.

Sin embargo, en las últimas décadas, hemos sido testigos de una práctica constante: embajadas que opinan y presionan sobre nuestras decisiones políticas, organismos que condicionan ayudas económicas a cambio de imposiciones ideológicas, e incluso ONGs extranjeras que se presentan como salvadoras mientras siembran agendas que no responden a nuestras necesidades.

Esto no es cooperación, es intromisión. El pueblo salvadoreño debe entender que cada vez que un actor externo dicta cómo debemos gobernarnos, se erosiona la esencia misma de nuestra soberanía.

EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE LA SOBERANÍA POPULAR

La soberanía no es solo un concepto jurídico; es un principio de dignidad nacional. Cuando el artículo 83 afirma que “la soberanía reside en el pueblo”, está afirmando que cada ciudadano salvadoreño, con su voto y su voz, tiene el poder de decidir el rumbo del país. No se trata únicamente de elegir gobernantes, sino de tener la potestad de diseñar nuestras propias políticas, nuestras leyes y nuestras soluciones a los problemas internos.

Ceder ese derecho a intereses externos es renunciar a nuestra autodeterminación. Si un organismo extranjero decide qué leyes aprobar, qué modelo económico seguir o qué políticas de seguridad aplicar, entonces no somos un Estado soberano, sino una colonia moderna disfrazada de república.

Lo más preocupante es que esta injerencia suele venir acompañada de un discurso hipócrita: nos hablan de democracia mientras intentan imponer gobiernos títeres, nos hablan de derechos humanos mientras ignoran las necesidades reales del pueblo, nos hablan de libertad mientras intentan encadenar nuestras decisiones al consentimiento de potencias foráneas.

La historia reciente de El Salvador está plagada de ejemplos. Durante décadas, organismos financieros internacionales y gobiernos extranjeros nos dictaron políticas económicas que solo beneficiaron a una élite, dejando a la mayoría en la pobreza. Intervinieron en nuestros procesos políticos apoyando a partidos que servían a sus intereses, no a los del pueblo. Y cuando un gobierno decide actuar con independencia y priorizar a su pueblo, inmediatamente es atacado con campañas mediáticas, sanciones y amenazas veladas.

EL DERECHO A RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS INTERNOS

Resolver los problemas internos es una responsabilidad que solo compete al pueblo salvadoreño y a sus instituciones legítimas. Las soluciones que nacen desde adentro tienen en cuenta nuestra cultura, nuestra historia y nuestras verdaderas prioridades. En cambio, las recetas externas, diseñadas en escritorios de Washington, Bruselas o cualquier otra capital extranjera, suelen ignorar la realidad salvadoreña y servir más a los intereses de quien las impone que a los nuestros.

El artículo 83 es un recordatorio de que, si bien podemos y debemos tener relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, estas no deben nunca cruzar la línea de la injerencia. La cooperación es bienvenida cuando respeta nuestra soberanía, pero debe ser rechazada cuando se convierte en imposición. Los salvadoreños debemos entender que aceptar sin cuestionar lo que nos dicta otro país o un organismo externo es entregar nuestra libertad en bandeja de plata.

Ningún país desarrollado aceptaría que un Estado extranjero decidiera su política de seguridad, su modelo educativo o sus reformas constitucionales. Entonces, ¿por qué algunos pretenden que El Salvador se someta a dictámenes foráneos? Esto no es un asunto ideológico; es una cuestión de dignidad y supervivencia como nación libre.

CONCLUSIÓN

El artículo 83 no es un texto decorativo en la Constitución: es un mandato claro y firme. La soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo quien debe decidir quién lo gobierna, cómo se administra el país y cómo se resuelven los problemas internos. Cualquier intento de injerencia externa debe ser visto como una amenaza a nuestra independencia y rechazado de manera categórica. Defender la soberanía no significa aislarnos del mundo, sino mantener relaciones internacionales desde una posición de respeto y equilibrio, donde la voz de El Salvador no sea un eco de intereses ajenos, sino una voz firme y clara que defiende su derecho a existir y decidir libremente.

REFLEXIÓN FINAL

En un mundo globalizado, la soberanía es un bien que se erosiona fácilmente si no se defiende con firmeza. Hoy más que nunca, los salvadoreños debemos comprender que la verdadera independencia no se celebra solo cada 15 de septiembre, sino que se ejerce cada día en las decisiones que tomamos como nación. Debemos dejar de lado la dependencia política y mental que nos hace creer que sin la aprobación de potencias extranjeras no podemos avanzar.

 El Salvador es un Estado soberano, y esa soberanía no se negocia. El pueblo es el dueño absoluto de su destino, y mientras mantengamos esa convicción, ninguna potencia, por grande que sea, podrá dictarnos cómo vivir, cómo gobernarnos o cómo soñar nuestro futuro. Defender nuestra soberanía es defender nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestro derecho inalienable a ser libres.

 

 

 

SAN SALVADOR, 4 DE AGOSTO DE 2025