“FUERO PARA LOS RICOS Y CÁRCEL PARA LOS POBRES: DEL PRIVILEGIO A LA JUSTICIA EN EL SALVADOR CONTEMPORÁNEO”

POR: MSc JOSÈ ISRAEL VENTURA.

INTRODUCCIÓN

La historia jurídica y política de El Salvador es, en gran medida, la historia de una justicia mutilada por los intereses de los poderosos. Durante décadas, las leyes fueron escritas por quienes jamás pensaron cumplirlas, diseñadas para proteger los privilegios de las élites políticas, empresariales y financieras. Así, mientras los pobres eran perseguidos por robar una libra de arroz, los corruptos de cuello blanco caminaban libres, saludaban a las cámaras y sonreían al amparo de la impunidad institucionalizada. Esa doble moral del sistema judicial salvadoreño se convirtió en una especie de “fuero sagrado” para los ricos, y en una “cárcel perpetua” para los pobres.

Durante los veinte años de gobiernos del partido ARENA, y luego los dos períodos consecutivos del FMLN, se consolidó una cultura de corrupción legalizada. El Estado fue reducido a una maquinaria de saqueo disfrazada de democracia, donde el fuero político, la inmunidad y los pactos oscuros entre partidos operaban como blindaje contra cualquier intento de rendición de cuentas. La “justicia” se transformó en un espectáculo mediático en el que los ladrones eran premiados con cargos diplomáticos y los denunciantes eran perseguidos o silenciados. Tal como afirmaba Monseñor Óscar Arnulfo Romero, “la justicia es como la serpiente: muerde solo a los descalzos”. Y en efecto, en El Salvador la justicia parecía tener vista de águila para los pobres y ceguera voluntaria ante los ricos.

El Salvador de finales del siglo XX y comienzos del XXI se convirtió en una vitrina del neoliberalismo más deshumanizante. Las privatizaciones, los préstamos internacionales, los “donativos” disfrazados y las licitaciones amañadas fueron mecanismos para vaciar las arcas públicas en beneficio de unos pocos. Los nombres de Alfredo Cristiani, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y otros altos funcionarios siguen siendo recordados como símbolos de una era de descaro político en la que el Estado fue usado como hacienda personal. Mientras tanto, la pobreza, la migración forzada y la desesperanza eran el pan de cada día para las mayorías trabajadoras.

En contraste con esa época de descomposición moral, el nuevo siglo trajo consigo un proceso de transformación social y política que —aunque no exento de críticas— ha comenzado a desmontar los cimientos de la impunidad. Desde la llegada al poder del actual gobierno, encabezado por el presidente Nayib Bukele, la justicia dejó de ser privilegio de unos pocos y comenzó a tocar las puertas de quienes antes se creían intocables.

Hoy los exfuncionarios corruptos enfrentan procesos judiciales, las redes de saqueo institucional han sido desmanteladas, y los mismos medios que antes callaban los crímenes de los poderosos claman “dictadura” porque ya no pueden manipular la verdad a su antojo.

El cambio, sin embargo, no es solo político, sino también moral. La sociedad salvadoreña empieza a comprender que la justicia no es venganza, sino equilibrio; que no puede haber desarrollo si las leyes continúan protegiendo a los privilegiados mientras condenan a los débiles. En palabras del filósofo Zygmunt Bauman (2003), “una sociedad desigual no puede ser libre, y una sociedad libre no puede aceptar la desigualdad como destino”. Por primera vez en mucho tiempo, el país discute la justicia en clave de equidad y no de poder.

El presente ensayo busca analizar, desde una mirada crítica y humanista, la evolución de la justicia salvadoreña: desde la impunidad selectiva que marcó los gobiernos del pasado hasta los esfuerzos actuales por establecer una justicia igualitaria.

Se examinará cómo la corrupción política degradó las instituciones, cómo los medios de comunicación sirvieron como escudo de los corruptos, y cómo el nuevo paradigma ha despertado la resistencia de aquellos que se beneficiaban del viejo orden.

Más allá de una reflexión política, este ensayo es una denuncia moral y una exigencia ciudadana. Porque mientras en nuestro país haya un solo pobre encarcelado por necesidad y un solo rico libre por corrupción, no podrá hablarse de verdadera justicia. La historia reciente de El Salvador nos demuestra que el poder sin ética es la antesala de la barbarie, y que solo una sociedad consciente, crítica y valiente puede romper las cadenas del sometimiento y construir un Estado verdaderamente justo.

CAPÍTULO II. LA JUSTICIA COMO INSTRUMENTO DE CLASE: DE LA COLONIA AL NEOLIBERALISMO

Desde la llegada de los conquistadores, el aparato jurídico en El Salvador —como en toda América Latina— nació al servicio del poder. Las primeras leyes coloniales, dictadas por la Corona española, no buscaban justicia ni equidad, sino control y sometimiento. Los tribunales eran extensiones del dominio económico y político de los encomenderos, y la justicia se aplicaba según el rango social del acusado: castigo para el indígena o el mestizo, indulgencia para el peninsular o el criollo. Así comenzó a gestarse la cultura de la desigualdad legal que ha sobrevivido, disfrazada, hasta el siglo XXI.

El derecho, en su versión colonial y luego republicana, se convirtió en el espejo de las relaciones de poder. Como advirtió Karl Marx (1867), “el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante convertida en ley”. En El Salvador, esa voluntad se tradujo en siglos de impunidad para los ricos y persecución para los pobres. Durante el período oligárquico del siglo XIX, el sistema judicial se institucionalizó como un instrumento de defensa del latifundio y de represión contra los campesinos. Las leyes de propiedad, las penas por robo o el control militar del campo eran mecanismos para mantener intacta la estructura de dominación.

En el siglo XX, la situación no cambió sustancialmente. La justicia se convirtió en un simulacro moral que servía para sostener un orden injusto. Las constituciones se modificaban para legitimar regímenes autoritarios, las cortes eran manejadas por los mismos grupos de poder y la policía actuaba como brazo armado del privilegio.

La masacre de 1932, que dejó decenas de miles de campesinos asesinados, fue quizá el ejemplo más brutal de cómo la ley puede transformarse en un instrumento de terror social. Ninguno de los responsables fue juzgado; por el contrario, la impunidad se consolidó como una norma de Estado.

Con el avance del siglo XX y la modernización aparente del país, la justicia comenzó a hablar el lenguaje del capitalismo. Los códigos y tribunales ya no defendían encomiendas ni haciendas, sino corporaciones, bancos y partidos políticos. El neoliberalismo, introducido en la década de 1990, trajo consigo un nuevo tipo de impunidad: la impunidad financiera. Se privatizaron los servicios públicos, se transfirieron las riquezas nacionales a grupos empresariales y se endeudó al Estado en nombre del “progreso”. Las leyes de privatización y las reformas fiscales fueron aprobadas por las mismas élites que luego se beneficiaron de ellas. Como señaló el filósofo Slavoj Žižek (2011), “el capitalismo es el único sistema en el que la corrupción no es una desviación, sino su modo normal de funcionamiento”.

Los gobiernos del partido ARENA, entre 1989 y 2009, perfeccionaron este modelo. La justicia era un teatro donde los poderosos fingían transparencia mientras saqueaban el país. Los casos de evasión fiscal, fraude y enriquecimiento ilícito se resolvían con pactos políticos o con absoluciones compradas. La Fiscalía, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia eran piezas de una maquinaria diseñada para blindar a los corruptos. Así, el concepto de “fuero” se convirtió en sinónimo de impunidad, y el pueblo comprendió que las leyes no estaban hechas para protegerlo, sino para controlarlo.

El FMLN, que llegó al poder prometiendo romper con esa herencia, terminó reproduciendo las mismas prácticas que había criticado. La corrupción ya no tenía color partidario, sino carácter estructural. Los líderes que en el pasado denunciaron la injusticia se convirtieron en sus beneficiarios. La diferencia era solo el discurso; el resultado, el mismo: funcionarios enriquecidos, fondos desviados y un pueblo cada vez más empobrecido. Como diría el escritor Eduardo Galeano (1998), “la justicia es como las serpientes: solo muerde a los descalzos”.

Esta continuidad histórica muestra que el problema de la justicia en El Salvador no es jurídico, sino político y moral. Las leyes han cambiado decenas de veces, pero su espíritu clasista ha permanecido. La justicia ha sido moldeada según la conveniencia de quienes controlan el poder económico. No se trata, pues, de falta de leyes, sino de una cultura estructurada sobre la desigualdad, donde la pobreza se criminaliza y la riqueza se absuelve.

Sin embargo, en los últimos años, la correlación de fuerzas ha comenzado a cambiar. Los sectores populares, empoderados por un nuevo liderazgo político, han empezado a reclamar una justicia real, no simbólica. El pueblo ya no se conforma con ver desfilar a los corruptos por los tribunales; exige condenas, devoluciones y reparación moral. El Estado, por primera vez, empieza a juzgar a quienes antes dictaban las leyes. Esa transición —dolorosa y resistida— marca el inicio de una nueva era: la del fin del fuero y el nacimiento de la justicia igualitaria.

CAPÍTULO III. CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA: ARENA Y FMLN, HEREDEROS DEL SAQUEO NACIONAL

La corrupción en El Salvador no nació con un partido ni con un gobierno; es el resultado de un sistema político deformado desde sus raíces. Sin embargo, fueron los gobiernos de ARENA y del FMLN quienes consolidaron —en épocas distintas pero con idéntico propósito— una cultura de saqueo que convirtió al Estado en botín y a la política en un negocio familiar. Mientras los discursos hablaban de libertad, democracia y justicia social, la realidad mostraba una red de funcionarios enriquecidos a costa del hambre del pueblo.

Durante los veinte años del partido ARENA (1989–2009), la corrupción alcanzó niveles de escándalo. Lo que se presentaba como “modernización del Estado” fue, en verdad, la legalización del robo. Las privatizaciones de la banca, las telecomunicaciones, las pensiones y la energía eléctrica fueron operaciones financieras cuidadosamente diseñadas para transferir la riqueza nacional a las manos de un pequeño grupo empresarial. No se trató de errores de política económica, sino de actos deliberados de despojo.
Según el economista salvadoreño Salvador Arias Peñate (†2013), durante los gobiernos areneros se desviaron más de 37 mil millones de dólares del erario público. Esa cifra resume una tragedia nacional: hospitales sin medicinas, escuelas deterioradas, maestros mal pagados, campesinos abandonados y una juventud sin futuro.

ARENA se convirtió en sinónimo de corrupción sistémica. Cada uno de sus presidentes dejó tras de sí un historial de escándalos. Alfredo Cristiani, artífice de las privatizaciones, fue acusado de lavado de dinero y de encubrir delitos de guerra. Francisco Flores, recordado por el desvío de los donativos taiwaneses, murió antes de recibir sentencia. Antonio Saca, el más cínico de todos, confesó públicamente haber robado fondos públicos, y aun así tuvo derecho a negociar su condena. Esa escena grotesca —el ladrón pidiendo clemencia y el sistema otorgándosela— reveló la esencia del viejo régimen: leyes hechas a la medida de los corruptos.

El partido FMLN, que emergió de la guerra civil con la promesa de redimir al pueblo, terminó reproduciendo las mismas prácticas del enemigo que había combatido. Durante sus dos gobiernos (2009–2019), el poder dejó de ser instrumento de cambio para convertirse en instrumento de acumulación personal. Funcionarios que en el pasado se presentaban como abanderados de la ética revolucionaria se transformaron en burócratas privilegiados, dueños de residencias lujosas, vehículos de lujo y cuentas bancarias imposibles de justificar con sus salarios públicos.

El caso del expresidente Mauricio Funes simboliza esta decadencia moral. Refugiado en Nicaragua y prófugo de la justicia, Funes representa la traición al pueblo y la descomposición del ideal revolucionario. Su gestión, marcada por el despilfarro y el abuso de poder, destruyó la credibilidad de un proyecto histórico. Por su parte, Salvador Sánchez Cerén siguió el mismo camino: bajo su administración se multiplicaron los casos de nepotismo, malversación y contratos amañados. El FMLN no solo perdió el poder político, sino también el capital moral que lo legitimaba ante los sectores populares.

El resultado fue devastador: la población se sintió traicionada por quienes debieron defenderla. ARENA y FMLN, dos partidos ideológicamente opuestos, se dieron la mano bajo la mesa para repartirse cuotas, puestos y privilegios. Pactaron el control de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo Electoral. Bajo ese pacto oscuro, la justicia se convirtió en mercancía y el Estado en empresa privada. Como denunció Monseñor Óscar Arnulfo Romero, “la corrupción es el cáncer del pueblo, porque mata su esperanza y su fe en la justicia”.

En ese contexto de degradación ética, la oposición política, hoy disfrazada de moralista, intenta negar su pasado. Pero la memoria histórica es implacable. Los archivos, las investigaciones y las confesiones públicas de sus propios líderes confirman que el país fue saqueado con impunidad durante treinta años. Los ricos se robaron el futuro y luego culparon al pueblo de su pobreza. Y cuando la justicia comenzó a tocar las puertas de los poderosos, estos gritaron “dictadura”, como si la rendición de cuentas fuera una forma de persecución.

Lo cierto es que durante décadas, ARENA y FMLN construyeron un Estado de privilegios, un sistema donde el delito se lavaba con fuero y la traición se premiaba con embajadas. Hoy, esa estructura se desmorona. Los mismos que se burlaban de la ley enfrentan ahora los tribunales; los que antes dictaban sentencia, hoy son acusados. Este giro histórico no es obra del azar, sino de una nueva voluntad política que ha decidido romper el pacto de impunidad.

El pueblo salvadoreño comienza a comprender que la justicia no puede ser patrimonio de una clase, sino derecho universal. La corrupción, más que un delito, fue una pedagogía del desprecio: enseñó a los ciudadanos que todo se compra y que la ética no paga. Pero esa lección ha terminado. Las nuevas generaciones ya no aceptan vivir en un país donde el robo se viste de legalidad y la moral se esconde detrás de los partidos. El tiempo del fuero terminó; ha llegado la hora de la verdad y la justicia.

CAPÍTULO IV. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: GUARDIANES DEL PODER Y CÓMPLICES DEL SILENCIO

En toda sociedad, los medios de comunicación deberían ser los guardianes de la verdad, los ojos y oídos del pueblo, el espacio donde la justicia y la libertad se expresan sin miedo. Pero en El Salvador, durante las últimas décadas, los grandes medios no cumplieron ese papel. En lugar de informar, se dedicaron a encubrir. En lugar de fiscalizar al poder, se convirtieron en su escudo. Y en lugar de servir al pueblo, sirvieron a sus patrocinadores: los mismos grupos económicos y políticos que saquearon al país durante treinta años.

Los medios tradicionales —televisoras, periódicos y radios— formaron parte del sistema de dominación que garantizó la impunidad de las élites. Fueron cómplices activos de los gobiernos corruptos de ARENA y FMLN, manipulando la opinión pública, silenciando denuncias y tergiversando los hechos. El periodismo se volvió selectivo: se investigaba con furia cuando el acusado era pobre o disidente, pero se callaba cuando los culpables eran banqueros, empresarios o exfuncionarios de renombre. La prensa, lejos de ser el “cuarto poder”, se convirtió en un brazo más del poder político y económico.

Durante los años noventa y los primeros del siglo XXI, los grandes medios impusieron una narrativa única: la defensa del modelo neoliberal, la privatización como sinónimo de progreso, y la demonización de todo pensamiento crítico. Se construyó una realidad mediática paralela, una especie de “mundo feliz” donde los responsables de la crisis nacional eran siempre los mismos: los pobres, los sindicalistas, los maestros en huelga o los estudiantes que protestaban. Mientras tanto, los verdaderos ladrones aparecían en los noticieros inaugurando obras, entregando donativos o dando discursos sobre ética pública.

El filósofo francés Noam Chomsky (2002) lo explicó con precisión: “La función de los medios no es decir la verdad, sino fabricar consenso”. En El Salvador, ese consenso consistía en convencer al pueblo de que la desigualdad era natural, la corrupción inevitable y la protesta un delito. Las voces críticas eran ridiculizadas o invisibilizadas; los comunicadores honestos eran marginados o despedidos. De esta manera, la mentira mediática se transformó en política de Estado.

El caso del expresidente Francisco Flores y los donativos desviados de Taiwán fue un ejemplo paradigmático. Durante meses, los noticieros minimizaron el escándalo, protegieron su imagen y omitieron las pruebas que lo incriminaban. Lo mismo ocurrió con los gobiernos del FMLN: los medios alineados al poder callaban ante los desfalcos de sus dirigentes. En ambos bandos, la prensa fue un espejo deformado de la realidad, que solo reflejaba lo que convenía a sus amos.

Detrás de esa manipulación no solo había intereses políticos, sino también económicos. Las grandes corporaciones mediáticas estaban —y en buena medida siguen estando— controladas por familias que poseen bancos, universidades, constructoras y supermercados. Esa concentración de poder mediático convirtió la información en mercancía. Como dijo Pierre Bourdieu (1996), “la televisión fabrica pensamiento rápido, destinado a impedir el pensamiento profundo”. En El Salvador, esa fábrica de superficialidad sirvió para adormecer la conciencia popular, desviar la atención de los verdaderos problemas y mantener intacto el dominio de los poderosos.

La criminalización de la pobreza también fue un producto mediático. Los noticieros repetían con morbo los robos menores cometidos por gente necesitada, mientras omitían los grandes fraudes del sistema financiero. Así, el pobre que hurtaba una libra de carne era presentado como un “delincuente peligroso”, mientras el político que robaba millones era descrito como “acusado sin pruebas”. Esa doble moral comunicacional reforzó el mensaje de que la justicia tenía precio, y que el valor de la verdad dependía del bolsillo del acusado.

Pero el silencio no dura para siempre. Con la irrupción de las redes sociales y los medios digitales independientes, el monopolio de la información comenzó a resquebrajarse. El pueblo encontró nuevas voces, nuevas plataformas y una oportunidad para contar su propia versión de la historia. Hoy, la ciudadanía ya no depende exclusivamente de los grandes periódicos ni de los noticieros tradicionales. El poder comunicacional se ha democratizado, y eso aterra a quienes vivieron décadas manipulando la verdad.

Los mismos medios que antes callaban los robos de los poderosos, hoy acusan de “dictadura” a un gobierno que persigue la corrupción. Lo que en realidad defienden no es la libertad de prensa, sino la libertad de mentir. Su nostalgia no es por la democracia, sino por la impunidad perdida. Pretenden hacernos creer que exigir justicia es autoritarismo, y que juzgar a los corruptos es venganza. Pero el pueblo, más informado y crítico que nunca, ya no les cree.

Los medios de comunicación tienen una deuda moral con El Salvador. Su responsabilidad no termina con publicar noticias: implica también reconocer el daño causado por décadas de silencio cómplice. La ética periodística no puede depender de la pauta publicitaria ni del favor político; debe basarse en la verdad, aunque incomode. Solo una prensa libre de intereses podrá contribuir a la reconstrucción moral del país y a la consolidación de una justicia sin privilegios.

CAPÍTULO V. EL POBRE ANTE LA LEY: ENTRE LA NECESIDAD Y LA HUMILLACIÓN PÚBLICA

En El Salvador, la justicia ha tenido rostro, apellido y clase social. Durante décadas, los tribunales no juzgaron los hechos, sino las condiciones económicas del acusado. Quien nace pobre tiene casi garantizada la condena; quien nace rico, casi asegurada la absolución. Esa es la tragedia silenciosa de un país donde la desigualdad jurídica reproduce la desigualdad social.

El caso de Teresa Ramírez, ocurrido en 2018, se convirtió en símbolo de esa injusticia estructural. Teresa, una mujer de 46 años, madre y trabajadora informal, fue condenada por el delito de hurto tentado tras intentar llevar productos valorados en $51.78 de un supermercado. El juez la sentenció a un año de prisión. La noticia fue reproducida por diversos medios como una curiosidad, casi como una lección moral, sin analizar el contexto social detrás del acto. Pero ¿qué hay detrás de ese número exacto? Hambre. Necesidad. Desesperación. La historia de Teresa no es una anécdota; es el reflejo de una sociedad enferma de hipocresía.

Mientras Teresa era humillada públicamente por una libra de carne y un paquete de jabón, decenas de exfuncionarios corruptos disfrutaban de sus mansiones, vehículos de lujo y escoltas pagadas con el dinero del pueblo. Ninguno de ellos fue exhibido en los noticieros, ni fotografiado en la prensa como ejemplo de delito. Los grandes ladrones vestían corbata, hablaban de “ética pública” y recibían homenajes en actos oficiales. Así operaba la justicia: dura con el débil, indulgente con el poderoso.

La filósofa Martha Nussbaum (2011) lo resume con claridad: “Una sociedad injusta no solo distribuye mal los bienes materiales, sino también el respeto y la dignidad”. En El Salvador, la pobreza ha sido tratada como una falta moral. Al pobre se le juzga no solo por lo que hace, sino por lo que es: sospechoso por naturaleza, culpable por apariencia. En cambio, la riqueza otorga un escudo simbólico de inocencia. Ese desequilibrio moral es lo que convierte la justicia en caricatura.

El caso de Teresa Ramírez no fue el único. En los tribunales se acumulan cientos de historias similares: jóvenes encarcelados por hurtar comida, mujeres procesadas por vender sin permiso en las calles, campesinos perseguidos por cortar leña en terrenos comunales. En cambio, los responsables de los grandes desfalcos —como los 37 mil millones de dólares desaparecidos durante los gobiernos de ARENA— caminaban libres, protegidos por jueces, diputados y fiscales comprados. El filósofo y jurista italiano Cesare Beccaria, en su obra De los delitos y las penas (1764), advirtió que “la severidad con los débiles y la indulgencia con los poderosos es el signo más claro de la corrupción del derecho”.

Durante décadas, los supermercados y las grandes empresas adoptaron una práctica humillante: exhibir públicamente a los pobres que robaban por hambre. Mientras tanto, nunca se mostró en televisión a un político con las manos esposadas por robar al Estado. Esa doble moral mediática y judicial no solo destruye la confianza en las instituciones, sino que también degrada la conciencia colectiva. El mensaje implícito es perverso: robar está permitido, siempre y cuando se robe mucho.

En los últimos años, sin embargo, la balanza empieza a moverse. La nueva justicia salvadoreña, pese a las críticas, ha comenzado a romper ese círculo de impunidad. Hoy los titulares muestran una realidad inédita: exministros, exdiputados y expresidentes enfrentando procesos judiciales. No se trata de venganza política, sino de equilibrio moral. Por primera vez, el país presencia una justicia que toca a los poderosos y no se ensaña únicamente con los pobres.

Aun así, queda mucho por transformar. La justicia no se reduce a encarcelar corruptos: implica construir una cultura donde la pobreza deje de ser delito y donde la dignidad humana sea el centro del sistema legal. Una justicia verdaderamente democrática no humilla, sino que corrige; no castiga la necesidad, sino que la comprende; no protege a los poderosos, sino que protege a todos por igual.

Como afirmó Monseñor Óscar Arnulfo Romero (1979), “no hay justicia sin amor al pobre, ni ley que valga sin compasión”. El caso de Teresa Ramírez, más que una sentencia, es una herida moral que debe recordarnos por qué necesitamos una nueva ética nacional: una justicia con rostro humano, sensible a la miseria, implacable con la corrupción y fiel al principio más elemental de la convivencia: que todos somos iguales ante la ley.

CAPÍTULO VI. EL CAMBIO DE PARADIGMA: CUANDO LA JUSTICIA TOCA A LOS INTOCABLES

Durante más de tres décadas, El Salvador fue un país en el que la ley servía para castigar al pobre y proteger al rico. La justicia era un teatro: los corruptos fingían ser perseguidos, los medios fingían informar y el pueblo fingía creer. Pero en el fondo todos sabían que nada cambiaría. Los ladrones de cuello blanco seguían cenando en restaurantes de lujo mientras los vendedores ambulantes eran decomisados por la policía. Ese equilibrio injusto parecía eterno, hasta que la historia empezó a girar en otra dirección.

El año 2019 marcó un punto de ruptura. Con la llegada de un nuevo liderazgo político, encabezado por el presidente Nayib Bukele, comenzó a desmontarse el sistema de impunidad que había protegido durante décadas a los corruptos de todos los colores partidarios. Las estructuras de poder que dominaban la justicia, la fiscalía y la Asamblea Legislativa empezaron a resquebrajarse. Por primera vez, la justicia tocaba a los “intocables”: expresidentes, exdiputados, ministros, alcaldes, jueces y empresarios que creían tener la inmunidad eterna del dinero y los pactos.

El cambio no fue solo administrativo, sino moral y simbólico. La justicia dejó de ser privilegio de élites para convertirse en una demanda popular. En un país acostumbrado a ver a los pobres esposados y a los ricos protegidos por el fuero, ver a exfuncionarios arrestados representó un giro histórico. Esa escena —un exdiputado escoltado, un expresidente prófugo, un exministro sentado frente a un juez— no es venganza, sino pedagogía: la enseñanza de que nadie está por encima de la ley.

Las críticas no tardaron en llegar. Los mismos grupos que durante treinta años callaron ante los robos de ARENA y FMLN hoy gritan “dictadura” cuando se aplica la ley a sus aliados. Los mismos medios que silenciaban los fraudes ahora acusan al gobierno de persecución política. Pero el pueblo, que no olvida, reconoce la diferencia: antes los corruptos eran premiados, hoy son juzgados. Esa diferencia moral explica el desconcierto de la vieja clase política, que no soporta un país donde robar ya no es rentable.

Este nuevo paradigma no surge de la nada. Es el resultado de una sociedad cansada de ser burlada, de ver hospitales sin medicinas, escuelas sin pupitres, carreteras sin mantenimiento y salarios miserables mientras los funcionarios se enriquecían. La indignación acumulada durante décadas se transformó en voluntad de cambio. El pueblo ya no exige caridad, sino justicia; no pide favores, sino rendición de cuentas.

En este contexto, la justicia se redefine. Ya no es un espectáculo jurídico ni una herramienta de manipulación política, sino un principio ético de gobierno. El Estado comienza a entender que la corrupción no solo roba dinero, sino también dignidad. Que el verdadero progreso no se mide en megaproyectos ni cifras macroeconómicas, sino en la confianza del pueblo en sus instituciones. Como lo expresó el filósofo Immanuel Kant (1785), “la justicia es la condición bajo la cual la libertad puede existir”.

El desafío, por supuesto, no ha terminado. Las resistencias son poderosas: exfuncionarios refugiados en el extranjero, jueces corruptos que intentan proteger a sus aliados, medios de comunicación que manipulan la opinión pública, y organismos internacionales que aún defienden el viejo modelo bajo el pretexto de “preocupación democrática”. Pero ningún cambio profundo ocurre sin resistencia. Toda transformación real molesta a los privilegiados, porque los obliga a rendir cuentas.

Lo que hoy ocurre en El Salvador —más allá de las etiquetas ideológicas— representa una revolución ética: la sustitución de la impunidad por la responsabilidad. La nueva justicia, aunque imperfecta, ha devuelto al pueblo la esperanza de que robar al Estado ya no es un negocio impune. Que el poder público no es un premio, sino una responsabilidad. Que gobernar no es acumular riqueza, sino servir.

En el fondo, el proceso actual simboliza el cumplimiento tardío de un anhelo histórico: que la ley deje de ser instrumento del poder y se convierta en instrumento del pueblo. Esa transición, como toda revolución moral, no será fácil ni inmediata. Pero su semilla ya está sembrada. Los corruptos tiemblan porque el miedo ha cambiado de bando: ya no es el pueblo quien teme a la justicia, sino los poderosos.

CAPÍTULO VII. “TODOS EN LA CAMA O TODOS EN EL SUELO”: LA IGUALDAD ANTE LA LEY COMO PRINCIPIO MORAL

El pueblo salvadoreño, sabio en su lenguaje popular, ha creado frases que encierran profundas verdades políticas. Una de ellas —“todos en la cama o todos en el suelo”— se ha convertido en una expresión popular de justicia natural, nacida del sentido común y de la experiencia del sufrimiento colectivo. En el fondo, esa frase encierra el anhelo histórico de una nación cansada de ver privilegios para unos y castigos para otros. Significa que si la ley existe, debe aplicarse a todos por igual, sin excepciones ni coronas.

Durante décadas, ese principio fue una utopía burlada. Los funcionarios públicos gozaban de fueros que los blindaban contra cualquier acusación. Bastaba con tener un cargo o un carnet partidario para estar por encima de la ley. Mientras tanto, los ciudadanos comunes eran perseguidos por faltas mínimas, aplastados por un sistema judicial que confundía justicia con represión. Así se construyó una cultura del miedo, donde los poderosos reían y los humildes sufrían.

La idea de que la ley debía aplicarse por igual parecía imposible en un país donde la impunidad era una institución. Sin embargo, el nuevo tiempo político ha transformado esa aspiración en política de Estado. La justicia, lenta pero firme, ha comenzado a alcanzar a quienes durante décadas se consideraron intocables. Por primera vez en la historia moderna del país, los nombres de expresidentes, diputados, ministros y alcaldes aparecen en expedientes judiciales, no en placas conmemorativas. Esa escena representa mucho más que una acción legal: es una reparación simbólica y moral para el pueblo salvadoreño.

La igualdad ante la ley es uno de los pilares fundamentales del pensamiento ilustrado. Ya en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau (1762) sostenía que “la justicia no consiste en tratar a todos de la misma manera, sino en reconocer la igualdad moral que existe entre todos los seres humanos”. En otras palabras, el respeto a la ley solo es legítimo si la ley respeta al pueblo. Cuando la justicia se aplica solo a los débiles, se convierte en tiranía; pero cuando alcanza también a los poderosos, se convierte en dignidad nacional.

En la práctica, el principio de “todos en la cama o todos en el suelo” implica el derrumbe de los fueros políticos, los privilegios judiciales y los pactos de impunidad. Supone que un funcionario público, al igual que cualquier ciudadano, debe responder por sus actos. Significa que robar un millón o robar un pan son delitos distintos en magnitud, pero iguales en principio. Y, sobre todo, que la ética pública no admite excepciones: la corrupción no tiene color partidario, ni bandera, ni justificación ideológica.

Esa transformación moral, sin embargo, ha desatado la furia de quienes vivieron décadas protegidos por el privilegio. Los corruptos de ayer, hoy se autoproclaman víctimas. Quienes robaron millones ahora claman por “derechos humanos”. Los mismos que negaron justicia al pueblo, hoy exigen compasión para sí mismos. Este fenómeno no es nuevo: la historia demuestra que todo cambio verdadero genera resistencia. Pero también demuestra que la justicia, cuando despierta, ya no puede volver a dormirse.

El pueblo salvadoreño comprende que la igualdad ante la ley no es un favor del Estado, sino un derecho conquistado. Por eso, cuando ve a los antiguos poderosos responder ante los tribunales, no siente odio, sino alivio; no busca venganza, sino reparación. Como lo expresó el filósofo John Rawls (1971), “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Aplicar la ley a todos por igual no destruye la democracia, la fortalece; no siembra división, sino confianza.

En este sentido, la frase popular “todos en la cama o todos en el suelo” sintetiza la aspiración ética de una nación que busca salir del pantano de la corrupción. Representa una pedagogía moral que el pueblo entiende mejor que cualquier tratado jurídico: que nadie, por muy rico, influyente o académico que sea, tiene derecho a vivir fuera de la ley.

La igualdad ante la ley no significa uniformidad, sino justicia proporcional. El Estado debe seguir castigando con firmeza a los corruptos, pero también debe atender las causas estructurales de la pobreza que empujan a muchos a la ilegalidad. Solo así se logrará una justicia equilibrada, humana y verdaderamente transformadora. Porque la ley que no protege al débil no merece respeto, y el poder que no se somete a la justicia se convierte en tiranía.

Hoy El Salvador vive una etapa inédita de su historia: un proceso en el que la justicia comienza a ser coherente con los principios que proclama. Ya no hay “camas de privilegio” para unos y “suelos de castigo” para otros. Se avanza, poco a poco, hacia un país donde la ley es la misma para todos, y donde la frase popular se convierte en realidad moral y política.

CAPÍTULO VIII. LA JUSTICIA COMO VALOR ÉTICO Y PEDAGÓGICO EN LA NUEVA SOCIEDAD SALVADOREÑA

Toda transformación política que no se acompaña de una transformación moral está condenada a la superficialidad. La justicia no puede reducirse a procedimientos judiciales o reformas institucionales; debe convertirse en un valor ético que atraviese la conciencia de los ciudadanos. En este sentido, el nuevo despertar salvadoreño no solo exige castigo para los corruptos, sino también una pedagogía del bien común, una educación moral que impida repetir los errores del pasado.

El filósofo checo Karel Kosík (1967) afirmaba que la realidad no se comprende desde su apariencia, sino desde su esencia. Aplicado a la justicia, esto significa que no basta con cambiar las leyes: hay que transformar la conciencia social que las sustenta. Detrás de la impunidad de los poderosos y la resignación de los pobres se esconde un pensamiento deformado por el individualismo y la indiferencia. El sistema capitalista enseñó durante siglos que el éxito personal está por encima del bien común, y que la riqueza es sinónimo de virtud. Así, la corrupción se normalizó como forma de vida y la injusticia se convirtió en paisaje cotidiano.

Esa deformación moral requiere una educación liberadora, capaz de formar ciudadanos críticos, solidarios y conscientes. La justicia, entendida pedagógicamente, no se enseña con códigos penales, sino con ejemplos éticos. El maestro que enseña con honestidad, el funcionario que cumple con humildad, el periodista que informa con verdad y el juez que dicta sentencia con integridad son los verdaderos educadores del nuevo Estado. La justicia no es solo un deber del gobierno, sino una virtud cívica que debe cultivarse desde la escuela hasta la universidad.

El psicoanalista y filósofo Erich Fromm (1941) señalaba que “la libertad sin conciencia conduce a la destrucción”. La justicia, como manifestación de la conciencia colectiva, tiene que equilibrar la libertad individual con la responsabilidad social. Un país puede tener tribunales, cárceles y jueces, pero sin conciencia ética no tendrá justicia verdadera. La corrupción no nace en los despachos, sino en la mente de quienes creen que todo se puede comprar, incluso la dignidad. Por eso, la lucha contra la corrupción no es solo legal, sino espiritual: es una batalla entre la codicia y la compasión, entre el egoísmo y el amor al prójimo.

En este contexto, el pensamiento de Gaston Bachelard (1938) aporta una visión profunda sobre la educación de la mente. Él afirmaba que “el espíritu científico se forma contra la opinión”. Parafraseándolo, podríamos decir que el espíritu justo se forma contra la costumbre. En una sociedad donde la injusticia se ha vuelto habitual, la tarea pedagógica más urgente es enseñar a desconfiar de lo normal. Enseñar que robar al Estado no es picardía, que exhibir al pobre no es justicia, y que callar ante la mentira es complicidad. La educación en valores debe ser crítica, activa y transformadora, no una repetición de dogmas morales sino una formación del carácter ético.

La justicia, vista desde la educación, debe también recuperar el sentido humano que la burocracia le ha quitado. No hay justicia si el Estado no escucha al pueblo; no hay justicia si el niño no puede estudiar, si el obrero no puede comer, si el anciano muere sin atención médica. Por eso, Monseñor Óscar Arnulfo Romero afirmaba que “la justicia no es dar limosna, sino devolver al pobre lo que le pertenece por derecho”. Esa frase encierra la esencia de una pedagogía moral de la justicia: no basta con castigar el mal, hay que restaurar el bien.

Educar para la justicia implica enseñar a pensar dialécticamente, como proponía Kosík: ver las contradicciones entre el fenómeno y la esencia, entre la apariencia legal y la realidad moral. Significa formar ciudadanos capaces de distinguir entre justicia formal y justicia real, entre moral de conveniencia y ética del compromiso. Significa enseñar que la ley sin humanidad es letra muerta, y que el poder sin principios destruye lo que toca.

El Salvador necesita una educación que no solo enseñe a leer y escribir, sino a discernir entre el bien y el mal social. Una educación que convierta la justicia en costumbre, no en excepción. Porque una sociedad educada en valores no necesita tantos tribunales; necesita conciencia. Y la conciencia no se impone, se construye con verdad, con ejemplo y con amor.

La nueva sociedad salvadoreña está llamada a ser una escuela viva de justicia, donde el maestro, el estudiante, el trabajador, el político y el ciudadano compartan una misma lección: que nadie es libre mientras haya alguien humillado, y que nadie es justo mientras tolere la injusticia.

Solo así, con educación ética y justicia pedagógica, el país podrá consolidar la transformación iniciada. Como decía Romero en una de sus homilías: “La justicia no se aprende en los libros, se aprende caminando con el pueblo, compartiendo su esperanza y su dolor”. Esa es la misión de esta generación: hacer de la justicia no una excepción milagrosa, sino una cultura cotidiana, una forma de vida y una herencia moral para el futuro.

CAPÍTULO IX. CONCLUSIÓN: EL FIN DEL FUERO Y EL NACIMIENTO DE LA CONCIENCIA CIUDADANA

El Salvador ha vivido demasiado tiempo bajo la sombra de una justicia ciega para los ricos y despiadada con los pobres. Durante más de tres décadas, la impunidad se convirtió en norma, el saqueo en costumbre y la corrupción en estilo de gobierno. Los poderosos gozaban de privilegios, los medios callaban, los jueces obedecían y el pueblo sufría. El país fue reducido a un escenario donde el crimen político tenía fuero y el hambre tenía cárcel. Esa realidad histórica, denunciada por tantas voces silenciadas, parecía inmutable… hasta que la conciencia nacional comenzó a despertar.

Hoy, ese despertar es visible. Lo que antes era impensable —ver a los poderosos respondiendo ante la justicia— se ha vuelto posible. Los corruptos ya no caminan con la arrogancia de la impunidad; ahora sienten el peso de la ley que ellos mismos despreciaron. Este proceso no está exento de errores ni de contradicciones, pero representa un cambio cualitativo en la historia salvadoreña: el tránsito de la justicia selectiva hacia una justicia igualitaria, del miedo popular a la dignidad ciudadana.

Sin embargo, la verdadera transformación no reside solo en encarcelar a los culpables, sino en educar a los inocentes. Una sociedad no cambia porque caigan sus corruptos, sino porque se levanten sus ciudadanos. El nuevo El Salvador no se construirá únicamente con tribunales, sino con conciencia. Con hombres y mujeres que comprendan que la honestidad no es heroísmo, sino deber; que el servicio público no es negocio, sino vocación; y que el respeto a la ley no se impone con miedo, sino con ejemplo.

El fuero político, que durante tanto tiempo fue un escudo de corrupción, ha comenzado a desmoronarse. Ya no es sinónimo de poder, sino de vergüenza. Y en su lugar está naciendo algo mucho más poderoso: la conciencia ciudadana, ese sentido moral que impulsa al pueblo a defender la justicia como un bien común y no como un privilegio. La conciencia ciudadana es el nuevo poder constituyente de El Salvador; no se elige en las urnas ni se decreta en la ley, pero mueve montañas y transforma naciones.

El filósofo Erich Fromm (1956) advertía que una sociedad enferma de egoísmo produce individuos incapaces de amar ni de pensar éticamente. Por eso, la justicia no puede limitarse a castigar el delito, debe sanar el alma colectiva. No se trata de llenar las cárceles, sino de vaciar la corrupción del espíritu nacional. El combate a la impunidad debe ir acompañado de un proyecto educativo y cultural que reinstale en el centro de la vida pública los valores del respeto, la solidaridad y la compasión.

El Salvador del futuro —el que hoy empieza a construirse— debe ser un país donde los niños crezcan creyendo en la justicia, no temiéndole; donde los jóvenes aspiren a servir al Estado, no a saquearlo; y donde la política deje de ser un escenario de cinismo para convertirse en una vocación de servicio. Ese será el signo más claro de que el país ha superado su pasado de hipocresía institucional y ha entrado en una nueva etapa de madurez moral.

El fin del fuero no es solo una victoria jurídica: es una victoria espiritual. Representa la caída del viejo ídolo de la impunidad y el nacimiento de una nueva ética pública. Significa que la ley vuelve a pertenecer al pueblo, que la justicia se desnuda de privilegios y que la dignidad recupera su lugar en el corazón de la República.

Como decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, “una justicia que no incomoda al poderoso no es justicia, sino complicidad”. Hoy, esa frase resuena con más fuerza que nunca. Incomodar al poder es la tarea de la justicia; dignificar al pueblo, su razón de ser. Cuando ambos propósitos se unen, la nación se encamina hacia su verdadera liberación: la libertad interior que nace de saberse justo, la paz que solo brota de la verdad.

Así, este nuevo ciclo histórico no es un final, sino un comienzo. El Salvador está dejando atrás el tiempo del miedo y del silencio para entrar en la era de la conciencia. Y aunque el camino sea largo y difícil, ya se ha dado el paso más importante: el pueblo ha dejado de agachar la cabeza ante la injusticia. Esa es la verdadera revolución: la que no se libra con armas, sino con valores; la que no destruye, sino que construye; la que no impone, sino que enseña.

La justicia salvadoreña, por fin, empieza a parecerse a su pueblo: sencilla, firme, digna y esperanzada. Y en esa semejanza se encierra la promesa de un futuro distinto, donde el derecho no será privilegio, la ley no será amenaza y el fuero no será excusa. Ese será el día en que la justicia deje de ser noticia y se convierta, por fin, en costumbre.

CAPÍTULO X. REFLEXIÓN FINAL: JUSTICIA, DIGNIDAD Y VERDAD PARA UN NUEVO EL SALVADOR

La justicia no se decreta: se construye. Se edifica día a día, con actos sencillos y con decisiones valientes. No nace de los códigos ni de los tribunales, sino de la conciencia de un pueblo que decide no aceptar más la mentira, la impunidad y la corrupción como formas de vida. La historia reciente de El Salvador demuestra que cuando el pueblo despierta, ni el poder más oscuro puede detenerlo. Y ese despertar ya está en marcha.

Durante demasiado tiempo, los salvadoreños aprendimos a vivir en un país invertido: donde el ladrón era honorable, el pobre era culpable y la verdad era castigada. Las generaciones crecieron creyendo que el poder servía para enriquecerse, no para servir; que la ley era una trampa, no una protección; que el Estado era una hacienda, no una casa común. Pero ese modelo moral se ha derrumbado. Hoy, la sociedad salvadoreña está presenciando algo que parecía imposible: el retorno de la justicia, el renacer de la dignidad y el despertar de la verdad.

No es una tarea terminada, sino apenas iniciada. Aún quedan jueces corruptos, medios manipuladores y políticos hipócritas. Pero la diferencia es profunda: ya no tienen el control del alma del pueblo. El miedo cambió de bando. Los que antes se sentían intocables ahora tiemblan, y los que antes callaban ahora hablan. La voz del pueblo se ha convertido en conciencia colectiva, y esa conciencia —una vez despertada— no vuelve a dormir.

La justicia que hoy florece en El Salvador no es venganza ni autoritarismo, como repite la oposición que añora el pasado. Es justicia con rostro humano, justicia que no se arrodilla ante la riqueza ni se ensaña con la pobreza. Es una justicia que empieza a mirar a todos por igual, sin privilegios, sin colores, sin pactos. Como decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, “la justicia es el primer paso hacia la paz, porque la paz sin justicia es ilusión”.

La dignidad, por su parte, es el cimiento de esa justicia. No puede haber país libre si sus ciudadanos viven de rodillas ante el poder o el dinero. La dignidad se conquista cuando el maestro enseña con amor, cuando el obrero trabaja con orgullo, cuando el juez juzga con equidad, y cuando el gobernante sirve al pueblo con humildad. La dignidad no se mendiga ni se compra; se vive, se defiende y se enseña. Es el valor que convierte a un pueblo en nación y a una nación en ejemplo.

Y sobre todo, la verdad. Sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay paz. La mentira ha sido la aliada más fiel de la corrupción: distorsionó la memoria, manipuló la historia y dividió al pueblo. Hoy la verdad resurge, no como discurso político, sino como valor espiritual. La verdad es la memoria viva del pueblo salvadoreño que no olvida los treinta años de saqueo ni perdona la humillación del pobre. Pero también es la fuerza que impulsa el perdón auténtico, ese que no oculta el pasado, sino que aprende de él.

El nuevo El Salvador se construye sobre esas tres columnas: justicia, dignidad y verdad. No hay desarrollo sin justicia, no hay libertad sin dignidad, y no hay futuro sin verdad. Los edificios, las carreteras y los megaproyectos pueden transformar la superficie del país, pero solo la ética transformará su alma. De nada sirve un Estado moderno con un pueblo desmoralizado; lo que hace grande a una nación no son sus leyes, sino su conciencia.

Por eso, esta reflexión final no es un cierre, sino una invitación. Una invitación a no volver atrás, a no permitir que el pasado corrupto se disfrace de democracia, ni que los viejos verdugos se presenten como salvadores. El Salvador ya ha sufrido demasiado bajo el peso de la hipocresía política y el desprecio de las élites. Es tiempo de creer en nosotros mismos, de cuidar los avances, de corregir los errores y de mantener viva la llama de la justicia que tanto costó encender.

La historia nos observa. Los hijos y nietos de este país heredarán el mundo que hoy construimos. Que no hereden el cinismo ni la corrupción, sino el ejemplo de un pueblo que se levantó, que recuperó su voz y que decidió ser dueño de su destino. Que encuentren en nuestras acciones la prueba de que sí es posible un país donde la ley proteja al débil, la política sirva al pueblo y la verdad no tenga precio.

Porque cuando la justicia se hace costumbre, la dignidad florece y la verdad reina, el pueblo deja de ser víctima y se convierte en protagonista. Ese es el nuevo El Salvador que está naciendo: un país sin fuero para los ricos, sin cárcel para los pobres, y con esperanza para todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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SAN SALVADOR, 16 DE NOVEMBRE DE 2025