“EL MAR NO SE QUEDA CON NADA QUE NO LE PERTENECE” LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ.

POR: MSc. JOSÈ ISRAEL VENTURA.

INTRODUCCIÓN

En El Salvador, el debate sobre la libertad de expresión, la independencia del periodismo y el rol de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ha cobrado especial relevancia en los últimos meses. Desde el 25 de agosto, cuando publiqué el artículo titulado “Perseguidos políticos o fugitivos estratégicos”, este tema ha estado en el centro de la discusión pública. No es casualidad: el país está atravesando un momento de transformaciones profundas, donde viejas estructuras políticas, empresariales y sociales comienzan a ser cuestionadas y, en algunos casos, desmanteladas.

Los titulares de prensa han reseñado cierres de ONGs, comunicados de supuestos periodistas “independientes” y denuncias de persecución política. Pero, al analizar el trasfondo, descubrimos un patrón recurrente: muchos de estos actores no están huyendo por ideas ni principios, sino por cuentas pendientes con la justicia. La narrativa de “perseguido político” se convierte, entonces, en una máscara que intenta ocultar la verdadera razón de la huida.

El refrán popular salvadoreño lo sintetiza con sabiduría: “el mar no se queda con nada que no le pertenece”. Con el paso del tiempo, las verdades ocultas salen a la luz y la sociedad distingue entre víctimas reales y quienes utilizan el victimismo como estrategia.

Este artículo busca analizar con amplitud los distintos ángulos de este fenómeno: la construcción del discurso de persecución, la entrada en vigencia de la Ley de Extranjeros, los casos emblemáticos de ONGs como FESPAD y medios como Factum, el escándalo de Ingrid Escobar, y la instrumentalización del papel de víctima. El propósito es ofrecer al público una visión crítica, fundamentada y accesible que contribuya al debate nacional e internacional.

1. LA NARRATIVA DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La idea de “persecución política” ha tenido en América Latina un peso histórico. Durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, este concepto se aplicaba con toda legitimidad a quienes eran capturados, torturados o exiliados por expresar ideas contrarias al régimen. En El Salvador, por ejemplo, miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas en el contexto del conflicto armado (Comisión de la Verdad, 1993).

No obstante, en tiempos actuales, el término se ha vaciado de contenido en ciertos sectores. Hoy se utiliza como un recurso discursivo para desviar la atención y evitar rendir cuentas ante la ley. En lugar de referirse a la defensa de ideales políticos, se emplea como narrativa de escape, diseñada para obtener asilo, financiamiento externo o respaldo mediático internacional.

El peligro de esta manipulación radica en que deslegitima a quienes sí son verdaderas víctimas.

Cuando todo aquel que enfrenta investigaciones judiciales se autodenomina perseguido, se diluye el valor del concepto y se invisibiliza a las personas que realmente sufren represión.

2. LA LEY DE EXTRANJEROS Y LA NUEVA REGULACIÓN FISCAL

La entrada en vigencia de la Ley de Extranjeros ha sido uno de los detonantes más visibles de la actual polémica. Esta normativa establece que ONGs y entidades extranjeras que operan en El Salvador deben pagar un impuesto del 30% sobre ciertos fondos recibidos. El objetivo no es reprimir, sino ordenar un terreno históricamente desregulado.

Durante décadas, muchas ONGs gozaron de privilegios: exoneración de impuestos, falta de auditorías rigurosas y acceso a financiamiento externo sin rendición de cuentas. Esto permitió que algunas se convirtieran en brazos ideológicos de partidos políticos o en vehículos para canalizar dinero con fines políticos y no sociales (Martínez, 2022).

La resistencia a esta ley revela algo más que preocupación fiscal. Si realmente fueran organizaciones transparentes, la obligación de pagar impuestos no representaría un problema insalvable. Lo que parece molestar es que, con la nueva regulación, se abre la puerta a descubrir irregularidades acumuladas durante años

3. EL CASO DE FESPAD Y LOS ACUERDOS CON PANDILLAS

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se presentó durante décadas como una organización defensora de los derechos humanos. Sin embargo, diversos reportes periodísticos y judiciales han señalado que estuvo involucrada en el acuerdo entre el FMLN y las pandillas, un pacto político-criminal que buscaba asegurar votos a cambio de beneficios carcelarios y territoriales.

Si estas acusaciones son confirmadas, significaría que FESPAD no defendía a las víctimas de violencia, sino que participaba de manera indirecta en la legitimación de estructuras delictivas. Esto explica, en parte, la renuencia de muchas ONGs a someterse a la nueva legislación: el miedo a que investigaciones fiscales o judiciales saquen a flote pactos oscuros.

El caso de FESPAD no es aislado, sino representativo de cómo una institución que debería velar por la justicia se convierte en un actor político disfrazado de sociedad civil.

4. FACTUM Y EL CIERRE ANUNCIADO

La revista digital Factum anunció públicamente su posible cierre en El Salvador, aduciendo persecución contra el periodismo crítico. No obstante, este relato debe analizarse con cuidado. En una democracia, el periodismo crítico es esencial, pero debe serlo con independencia financiera y editorial.

El problema surge cuando medios como Factum dependen casi exclusivamente de financiamiento externo, muchas veces proveniente de fundaciones internacionales con claras agendas políticas. En ese contexto, no se trata únicamente de periodismo independiente, sino de medios que se convierten en actores políticos enmascarados bajo la etiqueta de prensa (Ramos, 2024).

La pregunta clave es: ¿el cierre responde a censura estatal o a la incapacidad de operar con reglas de transparencia fiscal? La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo.

5. EL ESCÁNDALO DE INGRID ESCOBAR

El caso de Ingrid Escobar constituye un ejemplo paradigmático de cómo la narrativa de persecución política puede colapsar bajo el peso de las evidencias. Videos difundidos por youtubers muestran su presunto vínculo con un pandillero de alto rango, conocido como “El Diablito de Hollywood”, actualmente recluido en el CECOT.

Este escándalo pone en entredicho la credibilidad de Escobar, quien había intentado proyectarse como víctima de represión política. La opinión pública, al conocer estos vínculos, empieza a ver que la huida no responde a persecución, sino a cuentas pendientes con la justicia.

El impacto internacional de esta noticia revela, además, cómo los discursos construidos para consumo externo pueden desplomarse rápidamente en la era digital, donde las redes sociales actúan como tribunales paralelos.

6. EL PAPEL DE LAS ONGS EN LA HISTORIA RECIENTE DE EL SALVADOR

No se puede negar que las ONGs tuvieron un rol importante en la posguerra. Muchas llevaron programas de alfabetización, apoyo a víctimas y fortalecimiento comunitario en zonas rurales olvidadas por el Estado. Sin embargo, con el paso de los años, algunas se desviaron de su misión original, transformándose en espacios de poder, negocio y propaganda.

La falta de regulación permitió que estos organismos manejaran millones de dólares sin rendición de cuentas. Así, lo que empezó como una labor altruista terminó, en varios casos, como una empresa paralela al servicio de intereses privados.

Por ello, más que un ataque a la sociedad civil, la fiscalización actual es una forma de sanear un terreno plagado de abusos.

7. LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DISCURSO DE VÍCTIMA

El discurso de víctima tiene gran poder en el escenario internacional. Permite acceder a asilo político, financiamiento de organismos internacionales y simpatía mediática. En este sentido, presentarse como “perseguido político” es una estrategia de marketing político más que una descripción de la realidad.

El problema es que este recurso ha sido explotado en exceso. Hoy cualquiera que enfrenta procesos judiciales —ya sea por evasión fiscal, vínculos con pandillas o corrupción— puede declararse perseguido y encontrar eco en ciertos sectores internacionales. Esto trivializa la lucha de quienes realmente han sido víctimas de represión en otros contextos históricos.

CONCLUSIÓN

El éxodo de ONGs, activistas y periodistas autoproclamados perseguidos no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia de un nuevo escenario legal y social en El Salvador. La exigencia de transparencia fiscal y la persecución de pactos con estructuras criminales han puesto al descubierto lo que durante años estuvo oculto.

El refrán popular lo resume bien: “el mar no se queda con nada que no le pertenece”. La verdad, tarde o temprano, sale a flote. Y en este caso, la supuesta persecución política se revela más como un discurso estratégico de fuga que como una realidad de opresión.

REFLEXIÓN FINAL

El desafío para El Salvador no es solamente desenmascarar a los falsos perseguidos, sino también construir un modelo de sociedad donde la crítica sea posible, pero desde la coherencia, la ética y la transparencia. La libertad de expresión no puede convertirse en escudo para proteger la corrupción, ni las ONGs en negocios disfrazados de altruismo.

La sociedad salvadoreña necesita un periodismo independiente de verdad y organizaciones sociales que recuperen su esencia: servir al pueblo. Solo así se podrá distinguir entre los auténticos defensores de derechos humanos y los fugitivos estratégicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

1.      Asamblea Legislativa de El Salvador. (2025). Ley de Extranjeros. Diario Oficial de la República de El Salvador.

2.      Comisión de la Verdad para El Salvador. (1993). De la locura a la esperanza: Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Naciones Unidas.

3.      Martínez, C. (2022). El rol de las ONGs en la posguerra salvadoreña. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, 19(2), 55–78.

4.      Ramos, J. (2024). Periodismo y poder en El Salvador: entre la independencia y la manipulación. San Salvador: UCA Editores.

5.      Torres, M. (2025). “Cierre de ONGs y debate sobre persecución política en El Salvador”. El Faro Digital.

 

 

SAN SALVADOR, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025